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Mapa de la Ley Mordaza

CTXT comienza hoy a publicar el Mapa de la Ley Mordaza, que irá registrando cada semana las denuncias y sanciones que impongan las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Ley de Seguridad Pública, indigna de un Estado democrático, impide a los jueces participar en los procesos sancionadores, y concede a la policía y al Ministerio del Interior poderes extraordinarios. Reproducimos aquí el artículo de Miguel Mora publicado el 6 de julio en la revista italiana Internazionale.

The New York Times la ha calificado como una “ley ominosa” y ha afirmado que nos “devuelve de forma inquietante a los oscuros tiempos de Franco”. La relatora de la ONU sobre derechos a la libertad de asamblea pacífica, Maina Kiai, ha instado a los legisladores españoles a suspender la medida, aduciendo que “los derechos a la protesta pacífica y a expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Pero nada de esto ha hecho retroceder a Mariano Rajoy y a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –un miembro del Opus Dei que ya había dado señales de su sentido de la cristiandad defendiendo la inocencia de los 16 guardias civiles que usaron material antidisturbios contra un grupo de inmigrantes y refugiados que intentaba alcanzar a nado España desde Marruecos, causando la muerte a 15 personas.

Rajoy y Fernández no han hecho caso a las advertencias de juristas, medios y ONGs, y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, está en vigor en España, todavía la cuarta economía de la Zona Euro, desde el 1 de julio. La ley es el colofón a tres años y medio de mayoría absoluta del Partido Popular, que sin duda pasará a la historia como uno de los periodos más negros –y también más fascinantes desde el punto de vista político y social- de la reciente historia española.

La ley, que fue aprobada por el rodillo del PP en el Parlamento y recurrida luego al Tribunal Constitucional por la oposición, contiene 44 artículos que conceden al Gobierno la potestad de multar a los ciudadanos con sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros y los 600.000 por faltas administrativas agrupadas en tres categorías: leves, graves y muy graves. El objeto de la ley es permitir a la policía actuar de forma rápida y contundente contra las personas que cometan esas 44 faltas sin tener que pasar por el sistema judicial, lo que en efecto nos devuelve a los tiempos de la dictadura franquista y nos mete de lleno en un estado policial.

La Ley Mordaza incluso empeora las prácticas de aquellos años atroces. Entonces, cuando la policía detenía a alguien por manifestarse y el juez lo dejaba en libertad, la policía esperaba en la puerta al ciudadano y le imponía una multa gubernativa. Ahora las fuerzas de seguridad podrán poner la multa en directo, sin mediación judicial. Ahora, según La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, los actos de desobediencia o resistencia a la autoridad pasarán de ser una infracción leve (en la Ley Orgánica 1/1992) a una infracción grave, penada con una multa de entre 601 euros y 30.000 euros.

¿Cómo se explica que una ley liberticida como esta se haya aprobado en pleno siglo XXI en España? La primera respuesta a esta pregunta es el miedo cerval del PP a las protestas callejeras y a los medios de comunicación libres.

El presidente Rajoy, un tipo habituado a comparecer ante la prensa a través de una pantalla de plasma para evitar las preguntas directas, perdió las elecciones de 2007 ante Zapatero porque su partido mintió a la gente sobe el atentado yihadista de Atocha: la ciudadanía salió a la calle en masa a pedir explicaciones, no las obtuvo, y dos días después castigó al Ejecutivo en las urnas. Hace cuatro años, millones de ciudadanos indignados tomaron las plazas españolas durante las protestas del 15M: la reivindicación de más democracia alcanzó un aliento universal. Ahora, el Gobierno conservador afronta los últimos meses de legislatura en una situación de fragilidad casi desesperada.

Su popularidad está bajo mínimos dadas las altísimas cuotas de corrupción, la dureza del ajuste económico y las enormes tasas de paro y precariedad (un tercio de los españoles vive hoy bajo el umbral de la pobreza). Rajoy no quiere de ningún modo que se produzcan manifestaciones masivas que aumenten aun más su desgaste. La sombra de Grecia es alargada. Y Podemos, que ha arrebatado algunas de las principales ciudades al PP en las últimas elecciones municipales, es una amenaza muy seria para el desacreditado y podrido sistema bipartidista español. La Ley prevé sanciones de hasta 600.000 euros para cuatro supuestos, y para hacerse una idea de la paranoia que la inspira, iguala el castigo a “la fabricación o el comercio de armas y explosivos” con el de “la celebración de manifestaciones o reuniones no comunicadas”.

Lo anterior explica solo una parte de la Ley Mordaza. La segunda razón que la motiva es el deseo de convertir la calle en un cuartel. Habrá multas de hasta 30.000 euros para quienes se manifiesten ante organismos públicos, quienes se fumen un porro en público, quienes soliciten servicios sexuales cerca de recintos infantiles, quienes interrumpan un acto público (un partido de fútbol, una conferencia o una misa), quienes muevan de sitio una valla policial o un contenedor, quienes intenten evitar un desahucio (llevamos 600.000 en siete años), quienes no lleven encima el DNI, quienes exhiban un arma, quienes se disfracen de policías, quienes trasladen a otros a comprar drogas y quienes planten marihuana en el jardín.

La tercera razón de la ley es limitar la libertad de información. La Ley Mordaza castigará con multas de hasta 6.000 euros a los profesionales y medios que fotografíen, publiquen o denuncien casos de abuso o maltrato policial, y penará las filtraciones y la publicación de ciertas informaciones e imágenes por parte de los medios de comunicación.

Esta, siendo grave, parece la caución menos necesaria de la ley. Porque, aunque a muchos italianos les parezca imposible, el Gobierno del PP ha superado a Silvio Berlusconi en lo que respecta al control mediático. Sin hacer ruido, a base de contar con el respaldo ideológico de algunos medios y con la ayuda de los grandes bancos que han “rescatado” a algunos diarios arruinados convirtiendo su deuda en acciones, el Partido Popular controla hoy más del 90% de los medios públicos y privados en España.

Si sumamos esta realidad a la Ley Mordaza y a las reformas laborales y políticas que han despojado a los españoles de otros derechos y libertades fundamentales (trabajo, Educación, Sanidad, pluralidad, vivienda…), la conclusión de The New York Times quizá se quede corta. En efecto, en algunas cosas hemos vuelto a los trágicos y terribles años de Franco. Pero también han renacido la resistencia y la movilización, y la esperanza de muchos es que el bumerán de la justicia poética acabe golpeando de lleno a este Gobierno dirigido por un partido corrupto y clientelista, que lleva 40 años financiándose ilegalmente, a base de comisiones y sobornos ingresados en una caja B, o contabilidad clandestina. Confiemos en que la Ley Mordaza sea solo la penúltima señal de vida de este gobierno servil con los amigos y los poderosos, y despótico con los opositores y los ciudadanos.

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