Publicado en El diario el 17/07/2013
– La visión de Brigadas Vecinales: Representantes del movimiento que lucha contra los controles de identificación a inmigrantes han acudido este miércoles a la vista oral de la denuncia interpuesta contra la Delegación del Gobierno por «vulneración de derechos fundamentales» en septiembre de 2012.
– «Denunciamos que tratan de silenciar nuestra respuesta a las redadas racistas»
Miembros de Brigadas Vecinales en los Juzgados durante la vista oral de su denuncia a la Delegación al Gobierno.
Día especial para las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Han pasado más de diez meses desde que, el 14 de septiembre de 2012, presentásemos una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra la Delegación de Gobierno de Madrid. Hoy ha tenido lugar la vista oral. No habrá sentencia hasta -esperamos- dentro de unas semanas, pero hemos tenido la oportunidad de “sentar en el banquillo” a la Delegación de Gobierno. Y eso ya es algo.
Las Brigadas Vecinales hacemos una labor pacífica de observación y denuncia de los controles de identidad racistas. Es decir, de operativos policiales discriminatorios por los que se detiene a personas en función de su aspecto. En respuesta a nuestro trabajo, hemos sufrido varias sanciones. Entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, ocho brigadistas fueron sancionadas por la vía administrativa. En total, las multas sumaban 3.450 euros. Meses más tarde, en noviembre de 2011, la presión se intensificó y cuatro brigadistas fueron sancionadas por la vía penal. En ocasiones, se nos acusaba de cosas que no sólo no habíamos hecho, sino que, aunque las hubiésemos hecho, no habrían sido sancionables en absoluto. En el caso de las denuncias por la vía penal, por ejemplo, las brigadistas fueron absueltas porque la jueza entendía que, si bien la observación de la redada cuestionaba la actuación policial, ello no constituía falta o delito alguno.
Sin embargo, la Delegación de Gobierno ha desestimado todos los recursos que presentamos contra las sanciones administrativas, pese a que se hayan producido enormes irregularidades. En una ocasión, mientras observábamos una redada racista, la policía se nos acercó para sancionarnos con expedientes preparados, estaban incluso redactados e impresos. En otra ocasión, para probar que los hechos no ocurrieron como se indicaba en uno de los expedientes administrativos, solicitamos las grabaciones de cámaras que cubrían la plaza en la que había ocurrido todo. La policía, que custodia las grabaciones y está obligada por ley a proporcionarlas al expediente, no las aportó, dejándonos indefensas.
Una vez más, la Delegación de Gobierno de Madrid, vulnera los derechos fundamentales.
Espacios públicos
Existen algunos factores comunes entre las sanciones utilizadas como mecanismo de represión y los controles de identidad racistas. Los dos son mecanismos ilegales e ilegítimos de control de los espacios públicos. Con lemas como “toma la plaza”, el 15M nos llamó a la recuperación de estos espacios como lugares donde las personas pueden reunirse para hablar, jugar o, simplemente, vivir.
En nuestro primer informe sobre controles de identidad racistas en Madrid, recogimos testimonios de muchas personas que nos contaban su miedo a salir de casa. Para ellas, ir a trabajar o a buscar empleo, hacer la compra o ir a por sus hijos e hijas al colegio, eran actividades de riesgo. “Tengo terror de salir a la calle, me han llevado a comisaría una vez, cuando tenga dinero para el billete me vuelvo a mi país”, nos decían entonces.
Acuerdo político
Los controles de identidad racistas llevan ahí mucho tiempo. Son parte de lo que llamamos “racismo institucional”. Antes de 2009, parecían no existir, poca gente hablaba de ellos y la estrategia de los diferentes Gobiernos era la de desviar la atención de los medios hacia otras cosas. Parecían invisibles. Luego, la crítica y la respuesta ciudadana lograron meterlos en la agenda mediática y el PSOE, ya con Rubalcaba como Ministro de Interior, no pudo continuar con la estrategia de la invisibilización. Entonces, Rubalcaba optó por negar la existencia de las redadas racistas.
Con el Gobierno del Partido Popular, como denunciamos en nuestro segundo informe sobre controles de identidad racistas, cambió la estrategia pero no la esencia. Ante el rechazo social que se generó frente a los controles, el PP trató de descolgarse de ellos con una, ya famosa, circular (la Circular X/2012). Sin embargo, las Brigadas Vecinales hemos podido comprobar que, aunque ahora los controles sean diferentes, siguen existiendo. Ahora hay más controles hechos por policías de paisano y, en general, tratan de confundirse los controles de identidad racistas con otros tipos de dispositivos policiales; pero siguen ahí.