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EXPERIENCIAS: desobediencia civil

Lucia Vicent, publicado en FUHEM Ecosocial

Lucía Vicent

A lo largo de la historia se han sucedido numerosas experiencias de desobediencia civil. A pesar de las controversias que a menudo suscita este término en cuanto a qué prácticas incluir en esta categoría –en función de los referentes teóricos que desarrollan la temática–, existe cierto consenso en un grupo de ellas. Nos referimos a experiencias que, desde un punto de vista histórico, pueden ser utilizadas como referentes para ejemplificar los casos de desobediencia civil en el transcurso del tiempo y nos sitúan frente a otras más recientes y cercanas.
Algunos de los ejemplos más conocidos que explicitan la desobediencia y que, incluso, desde hace siglos se desenvuelve en nuestras sociedades, nos obligan a nombrar casos, como el Motín del té en 1773, promovido por Samuel Adams contra el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales; la llamada a la desobediencia civil por parte de Gandhi frente al imperialismo británico que contó con varios referentes de participación colectiva y pacífica (como la marcha del Transvaal 1913, las protestas de Champaran y Kheda Satyagraha de 1918, la marcha de la Sal en 1930, etc.); el movimiento sufragista que reivindicaba el derecho a voto de las mujeres o el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King.

Casos como los apuntados supusieron un importante marco de referencia en el desarrollo de nuevas “desobediencias”, en las cuales nos detenemos a continuación. Sin echar la vista atrás –como ocurría con los ejemplos ya señalados–, somos conscientes de que existen algunas iniciativas que perduran desde hace años y que nos resultan cercanas a día de hoy; y otras, que se suceden a nuestro alrededor como una forma de protesta, contraria a las medidas de recortes a las que nos enfrentamos en los últimos cuatro años. Con atención a dicha distinción, en primer lugar abordaremos las plasmaciones de mayor calado que son recogidas dentro de la denominada objeción de conciencia y que responden a casos claros de desobediencia; para dar paso, posteriormente, a otras experiencias y campañas más novedosas que se oponen a imposiciones, en múltiples facetas, que afectan a nuestra cotidianidad.

La objeción de conciencia como una expresión de desobediencia civil

Antes de nada, debemos concretar qué entendemos por objeción de conciencia para poder comprender su elección por una importante masa social y los colectivos afines, contraria a la norma establecida. La objeción de conciencia es el hecho por el cual se elige el incumplimiento de la ley o de las distintas normas existentes frente al deber que establece la conciencia, las creencias éticas o, incluso, religiosas. Las objeciones aluden a distintas dimensiones que tienen que ver con los posicionamientos morales en lo que respecta, entre otros, al culto cívico, a ciertas prácticas médicas, a obligaciones tributarias, al sufragio, a los conflictos bélicos o al servicio militar. Sin embargo, la oposición a realizar determinadas actividades o servicios –por los motivos señalados– ha sido especialmente destacada en lo que respecta al servicio militar obligatorio o la objeción fiscal.

La objeción de conciencia al servicio militar es el supuesto más destacado de la objeción. Consiste en la oposición al Servicio Militar Obligatorio (SMO) que se impuso al conjunto de los ciudadanos varones en Europa a partir de las guerras napoleónicas. En el caso concreto de España, el primer caso de objeción de conciencia –por motivos religiosos– lo presentaron los testigos de Jehová, en el año 1958, y que fue respondido con represalias que oscilaron entre los seis meses y seis años de cárcel. Casi una década más tarde la petición de eliminar el SMO llega al Ministerio de Defensa y se solicita el reconocimiento de una alternativa al servicio militar. En 1970, con un primer y segundo proyecto de Ley de Objeción de Conciencia (LOC) se produce cierto avance y parece más cercano el cambio a pesar de contar con claros opositores. No es hasta siete años más tarde cuando, gracias a la aprobación de la “incorporación aplazada” al servicio militar, se da un paso hacia delante y se logra retrasar la entrada en el mismo hasta el momento en que estuviera ya regulada, por parte del Ministerio de Defensa, la objeción de conciencia al servicio militar. En el mismo año se constituye el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), opuesto a toda conscripción (civil y militar) y ampliando su campo de lucha hacia la no violencia y hacia al antimilitarismo. La alternativa al servicio militar no surge hasta 1978, contemplándose en la Constitución Española. Es en ese momento cuando se les reconoce a los objetores de conciencia, a través de la Prestación Sustitutoria Social (PSS), la opción de acogerse a ella, claro es, con una duración superior a la del servicio militar. Al contrario de lo previsto, fueron miles de insumisos los que se negaron públicamente a la PSS, entre los cuales, cientos de ellos fueron encarcelados por su resistencia. Derivado de aquello, se produjeron asimismo insumisiones dentro de las líneas del ejército, lo cual, llevó a que un número creciente de personas decidieran rechazar otras funciones asociadas al servicio militar y ello condujo a que el gobierno español redujera el tiempo de servicio establecido por temor a la reacción popular. Desde entonces y hasta la aprobación de la LOC en diciembre de 1984 (para más información, véase http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2550), existió un vacío legislativo sobre esta materia. Esta ley fue recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional y, un año más tarde, fue declarada nula por el Tribunal Supremo. Tras todos los impedimentos previos a los que se sometió la ley, es finalmente en el año 2001 cuando se anula de manera definitiva el SMO y, de manera paralela, también lo hacía la PSS.

En la misma categoría –la objeción–, no podemos dejar de mencionar otro de los casos más relevantes: la objeción fiscal a los gastos militares. La idea implícita de esta modalidad que respalda su acogimiento es que el militarismo impide el desarrollo de una sociedad en paz, solidaria y justa. Por este motivo y rompiendo la tendencia de los últimos años, en 2012 aumentó el número de personas y la cuantía anual de la campaña de objeción fiscal que tiene lugar todos los años en nuestro país (véanse los datos en Insumissia o en Centre Delas). Se constata por tanto, que ha aumentado la oposición a la hora de contribuir con los recursos económicos que nos imputa el Estado –a través de los impuestos– y que tienen como destino el gasto militar. La campaña, desarrollada a través de distintas redes (campaña Insumissia, Servicio de Información de la Objeción Fiscal o SIOF, el blog Espazo Aberto Antimilitar o el Grupo Antimilitarista Tortuga entre otros), tiene como propósito a largo plazo lograr de forma progresiva la desmilitarización total de los países. Los colectivos y las personas que de forma particular se hacen eco de la objeción fiscal pretenden generar un debate más profundo y abordar el tipo de defensa, en caso de que la queramos, que nos gustaría. Por último, no debemos confundirlo con el no pago de impuestos, ya que solo se trata de no hacer frente a la obligación de la cuantía destinada a gastos militares del país –según los Presupuestos Generales del Estado– acogiéndose al pago a otras iniciativas afines al tipo de sociedad que aspiramos.

Existen muchos colectivos que surgieron alrededor de la objeción fiscal que mantienen sus esfuerzos en estas acciones, pero que, además, realizan campañas que apuntan en otras direcciones. Casos como los ya mencionados en este apartado u otros adicionales como son: la Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía, Internacional de Resistentes Contra la Guerra como las Alternativas Antimilitaristas del MOC en España.

Experiencias de desobediencia civil en la actualidad más cercana

En el año 2012, debido a la crisis económica y social que golpea a muchos países de Europa con una dramática intensidad han surgido varios movimientos que incitan a la desobediencia civil y sus acciones se dirigen a más de un aspecto concreto, como refleja la Plataforma por la Desobediencia Civil. En las redes sociales y en los medios de comunicación aparecen continuamente llamamientos a la desobediencia o textos animando a su práctica, justificándola en una situación como la actual donde a la población, en general, se la relega a meros pagadores de los costes de la crisis. Si nos ceñimos exclusivamente al ámbito nacional, las opciones en las que se plasma la desobediencia hoy en día son muy numerosas y apuntan en muy distintas direcciones como veremos, aunque no podamos aludir a la totalidad de ellas.

Una de las campañas que ha retumbado con fuerza, especialmente con el comienzo de la recesión económica, ha sido la campaña Di no a las identificaciones. La idea que subyace se remonta al establecimiento de la conocida como “Ley Corcuera” en el año 1992, la cual ha permitido que frente a la sospecha del cometimiento de un delito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan identificar a cualquier persona en cualquier momento. Y en este sentido, no han sido pocas las veces que, acogiéndose a esta ley, se han realizado identificaciones sesgadas por cuestiones étnicas o políticas. Concretamente en el Estado español, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recurre a esta ley para reprimir las movilizaciones y acciones de protesta. A través de las sanciones económicas impuestas a las personas identificadas se restringe la ejecución de derechos fundamentales, como es la protesta ciudadana. Y la respuesta, que muchos grupos y ciudadanos han determinado colectivamente –y que plasman en un manifiesto– para hacer frente a este ataque de las libertades básicas, ha consistido en la desobediencia civil. Se trata de un acto de rebeldía frente a las leyes injustas y las formas arbitrarias de identificación que no cumplen los supuestos establecidos por ley.

Los recortes en el caso del Estado español se han concentrado en los servicios públicos, donde la educación y la sanidad han sido los grandes perjudicados. Esta deriva explica que sea alrededor de estos frentes en torno a los cuales se articulen muchas de las llamadas a la desobediencia. En cuanto a la sanidad, coinciden diversas campañas y acciones, así como un variado abanico de colectivos que las promueven, bajo la idea y lema “Sanidad pública y universal”. La reivindicación enfatiza que se asegure un sistema sanitario de cobertura universal y de carácter público; hace manifiesta su oposición a las últimas medidas aplicadas sobre la cobertura sanitaria y los cambios que apuntan hacia la gestión privada del servicio en nuestro país. Una de las iniciativas más destacables es la que se acoge a la idea de “Yo SÍ, sanidad universal“, donde trabajadores y usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se organizan y promueven una campaña –entre otras que surgen en este sector– contraria a los cambios que establece el Real Decreto-Ley 16/2012. En él se limita la cobertura a muchas personas y se establece el “repago” de las recetas para la obtención de medicamentos. En la misma línea, un conjunto de organizaciones, colectivos y asociaciones confluyen en las mismas atribuciones del servicio y exigen la derogación inmediata del Real Decreto porque, como muchos entendemos, la sanidad debe ser igual y para todos. Con el mismo nombre nos encontramos, por ejemplo, Sanidad Pública Universal, un blog que recoge acciones de distintos colectivos, como CAS de Madrid o Mi salud no es un negocio, donde impera su oposición a la privatización de la sanidad. Por otro lado, otras personas que apuestan por la universalidad del servicio confluyen en agrupaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), médicos del mundo que destacan su apelación al derecho a curar u otras muchas iniciativas que pueden ser consultadas en el siguiente enlace.

Otra de las limitaciones que presenta una gran parte de la población a consecuencia de la burbuja inmobiliaria y del shock de la crisis es el acceso y el mantenimiento de la vivienda. El derecho a la misma está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución o en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales; y a pesar de ello, se ha visto vulnerado como nunca antes con la crisis económica actual. Centenares de miles de desalojos y miles de pisos vacíos suponen una contradicción inadmisible en una sociedad que se describe como democrática y social, en la que los poderes públicos forman parte y potencian un entramado liderado por el interés de las entidades financieras y no muestran ni un ápice de cambio o apuesta mínima por los derechos básicos de la ciudadanía. En este contexto se consolida la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), colectivo que participa en la paralización de los desalojos que cada día se ejecutan en nuestro país. La organización se opone a la legislación actual y a los contratos hipotecarios abusivos que permiten estos sucesos, pero va más allá y desarrolla otras iniciativas como son, entre otros, la reivindicación de la dación en pago con carácter retroactivo o la ILP.

La acogida a irregulares y posturas contrarias a la criminalización de la hospitalidad van adquiriendo cada vez más fuerza en nuestro ámbito más cercano, sin que estos conceptos les sean tampoco ajenos al derecho y las normas que emanan desde la UE. El Acuerdo de Schegen, firmado en 1985 y en vigor desde 1995, recogía ya la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes pero establecía sanciones contra las personas que, con fines lucrativos, ayudase a un extranjero o intentase hacerlo en la entrada o en la salida del territorio. Esta situación quedaba recogida en el art. 318bis que en la nueva redacción especifica los motivos humanitarios como una de las causas que dan lugar a ser perseguido (o no) dependiendo del criterio del Ministerio Público. En el Estado español un conjunto de organizaciones –como ocurre en los casos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convivir sin racismo, Grupo Inmigración y Sistema Penal, SOS Racismo, Red Acoge, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, etc.– han confluido y firmado una petición contra las medidas que supongan la criminalización u otra clase de obstáculos a la solidaridad con las personas que provengan de otros países bajo el lema “La hospitalidad no es un delito”. La campaña se opone al art. 318bis del anteproyecto de reforma del Código Penal en la que es punible y se persiguen los motivos humanitarios o las acciones altruistas. La propuesta de desobediencia es clara: se pide la exención de responsabilidad criminal de todos los supuestos de auxilio por móviles humanitarios.

La Plataforma por la Desobediencia Civil nos habla también del derecho de rebelión y la justifica como la mejor forma de recuperar la dignidad en el contexto recesivo actual que nos rodea, donde los beneficios no se reparten pero las pérdidas y los costes de la crisis sí. Esta idea articula los objetivos que, en múltiples direcciones, apuestan por una desobediencia económica, la cual, es defendida por el conjunto de integrantes de este colectivo. Es en 2011 cuando surge la iniciativa en Barcelona, animando a una desobediencia integral que es denominada como nuestro derecho de rebelión. En sus comienzos, los esfuerzos se orientaron a la objeción fiscal en la declaración de la renta y, de forma progresiva, se ampliaron las miras hacia la falta de legitimidad de las instituciones del Estado y la promulgación de leyes injustas en nuestro país. Una de las principales pretensiones del grupo es la de extender tanto el ámbito, como el nivel de difusión de la iniciativa utilizando la promoción de oficinas desobedientes en distintos territorios; una meta que se logró sin problemas. Los objetivos se concretan en el manual de desobediencia económica, es decir, participar en una desobediencia a las medidas que establece el Estado y que son contrarias al bienestar de la mayoría. Y no se queda ahí. Las propuestas del derecho a la rebelión señalan que la problemática es global y que afecta al resto del mundo porque todos estamos dentro de un sistema donde los poderes económicos son los que mandan. Y en este sentido, por tanto, hay que ofrecer alternativas al sistema actual, construidas y apoyadas por el poder popular, y que apunten hacia la autogestión y el bien común. Algunas de ellas ya tienen cierto recorrido, como ocurre con algunas de las que lanza el grupo Integrarevolució y su llamamiento a construir el bloque para la revolución integral, un espacio político e ideológico internacional.

Muy estrechamente conectado con el derecho a la rebelión se encuentra la iniciativa Yo no pago, con objetivos conectados y reivindicaciones contrarias también a la socialización de las pérdidas de una crisis por parte de una población que no la ha generado. Y las acciones de desobediencia que este colectivo ha impulsado mantienen esta línea de coherencia. La gestión de la crisis ha supuesto el recorte social de derechos básicos de las personas, y el gobierno no ha dudado a la hora de su aplicación; es por ello, que la respuesta debe ser la insumisión económica. El euro por receta, las subidas en el transporte público, de los parquímetros, de los impuestos, peajes de las autopistas, etc., son algunas concreciones en las que se han centrado muchas de sus acciones (Remueve tu dinero, No pagamos u otras que recoge la web del movimiento Yo no pago). Las campañas discurren en torno a aspectos concretos, pero si ahondamos en ellas, somos conscientes de que las reivindicaciones que se encuentran detrás van más allá. Nos referimos a la oposición de la economía de casino, a la banca capitalista, a las prácticas especulativas, a la corrupción y a otras prácticas en prejuicio del bienestar común, protestas que proliferan con fuerza en otros países europeos. Y como respuesta se propone el apoyo en favor de proyectos cooperativos, la banca ética o la autogestión para lograr una economía para las personas y no en favor de los intereses concretos de unos pocos.

La subida del coste de transporte ha sido otra de las medidas tomadas por los poderes públicos, que hacen repercutir los problemas del déficit en el conjunto de los ciudadanos. Memetro surge tras la aplicación de las últimas subidas experimentadas en los transportes, como bien explican en su web (actualmente en proceso de renovación y que pronto estará disponible). Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por la subida en las tarifas del metro. La idea del nombre “Memetro” alude a una película bajo el mismo título en la que el actor principal sufre importantes episodios de amnesia. Las personas que participan se acogen a las pérdidas de memoria para no hacer frente al pago del billete de metro o de tren, al considerar abusiva la subida de precios y otros malestares relacionados con el funcionamiento del transporte público que generan un episodio traumático para el usuario. En el seno de este movimiento se ha desarrollado una aplicación que da acceso a la localización de revisores a la que se puede acceder desde su página y sobre la que se han avanzado algunos detalles en las redes (como en su Facebook o twitter). Para formar parte de la asociación se aporta una cuota de siete euros mensuales para dotar un fondo al que se podrá recurrir si tiene un episodio en el que no recuerda validar el billete del transporte y, de esa manera, no afrontar la multa correspondiente que se asume con el fondo común que se ha constituido.

En último lugar, no podemos olvidar las dificultades que suponen los recortes en educación para los y las ciudadanas. La subida de tasas y los recortes en educación trazan algunas propuestas que, aún en formación, siembran el germen de nuevas “desobediencias” incipientes, pero que seguramente proliferarán a nuestro alrededor en los próximos meses.

Mientras se continúe ejerciendo el poder de las instituciones públicas en beneficio de unos pocos, se mantenga e intensifique la socialización de unas deudas que han enriquecido a algunos y se siga apostando por una política que extiende y agudiza las desigualdades en nuestro tejido social –y así se podría prever– seguirán apareciendo nuevas acciones -y los colectivos que las promuevan- de desobediencia civil.

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